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diciembre 02, 2008

la corrupcion el verdadero problema de los argentinos

comenzamos a incorporar nuestra opinion (que siempre estara firmada) sobre este tema que parece estar en la base de la mayor parte de los "problemas" argentinos.

no se trata de produccion, de educacion, de condiciones externas, ni siquiera de democracia o dictadura. la corrupcion parece haberse transformado en "el modo argentino" de hacer las cosas. Algunos lo han elevado a la categoria de "realismo" (algo asi como proponer que si se utilizan criterios morales o eticos, esto seria una forma de ingenuidad), otros utilizan el "doble discurso" (rasgarse las vestiduras o hacer de "fiscales morales" mientras su conductas son tan corruptas como la d los otros). Pocos dirigentes, funcionarios o politicos pueden mostrar una vida intachable y el resto confia en que los argentinos nos olvidamos facilmente y vemos la amoralidad en la vida publica como "picardia", aztucia", habilidad o "viveza".

asi nos va... no creemos que estemos en un mundo de angeles... en todos lados sucede eso, pero en algunos paises la presion moral de la poblacion hace que los "vivos" se cuiden mas o tengan que encontrar resquicios muy estrechos para aprovecharse de lo que es de todos.

miren si no esta noticia.... los mismos que acusaban al campo, a "los otros", a los militares, etc... cuantos dirigentes, politicos y funcionarios tienen la suficiente altura moral como para tirar la primera piedra?


Dos meses antes de que la Corte Suprema fallara en favor de la libertad
sindical, y se pusiera así en pie de guerra con los más grandes gremios
del país, los principales dirigentes del sector habían recibido una
buena noticia de la Justicia: la Cámara de Casación Penal dio el primer
paso para cerrar una megacausa que involucra a más de 350 jefes
sindicales y al ministro de Trabajo, Carlos Tomada.


En el juicio por el desvío, entre 1996 y 2000, de un crédito del
Banco Mundial (BM) por 285 millones de dólares, destinado a modernizar
y sanear las obras sociales sindicales, una resolución del 9 de
septiembre, que hasta ahora había pasado inadvertida, declaró la
prescripción y dispuso el sobreseimiento de una decena de dirigentes
del gremio telefónico, y dejó el camino allanado para la absolución del
resto de los imputados.


Entre los acusados, que ya estaban llamados a declaración
indagatoria, se encuentran Juan José Zanola (bancarios), Armando
Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martínez (construcción), Antonio
Cassia (petroleros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerónimo
Venegas (rurales), Diógenes Salazar (telefónicos), Dante Camaño
(gastronómicos) y Jorge Horacio Menem (correos).


Aunque sin fecha fijada, Tomada también estaba citado a declarar
como sospechoso por ser dueño de una empresa receptora de parte de esos
fondos. Los interrogatorios, ordenados en abril del año pasado por el
juez federal Norberto Oyarbide a pedido del entonces fiscal Carlos
Stornelli, habían sido suspendidos hasta que se resolvieran los
planteos de prescripción y de nulidad presentados por las defensas de
los gremialistas.


Los pedidos de prescripción fueron rechazados en primera instancia
por Oyarbide, que consideró que lo que estaba en investigación era un
caso de peculado, un delito que contempla un plazo de prescripción de
diez años, equivalente a la pena máxima prevista para ese crimen. Su
decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal, en
noviembre del año pasado.


Apelación

Pero los sindicalistas apelaron, por medio de un recurso
extraordinario, y la Sala III de la Cámara de Casación les dio la
razón, con el argumento de que la figura de peculado había sido
introducida sólo para evitar la prescripción.


El fallo dispone el sobreseimiento de nueve dirigentes de Ostel, la
obra social de los telefónicos. Ellos son Salazar, Luis de la Fuente,
Claudio Garau, Jorge Passion, Eleodoro Cerdán, Mario Russo, Gustavo
Baraza, Alberto Bigliardi y María Medina.


En el juzgado indicaron a LA NACION que por ahora la medida sólo
alcanza a esos acusados porque fueron los primeros cuyos recursos
llegaron a la Casación. Pero adelantaron que el criterio que fijó el
tribunal penal deberá aplicarse en forma idéntica a los planteos
presentados por las defensas del resto de los imputados en la causa.


La causa se inició en agosto de 2002, con una denuncia del abogado
Ricardo Monner Sans, que alertó sobre supuestos movimientos millonarios
de dinero en cuentas bancarias sindicales del empresario Gustavo Aondi,
con supuestos vínculos con Lingeri.


El letrado acusó a los dirigentes gremiales de desviar parte de los
fondos del préstamos del BM, destinados a la reconversión y mejora de
las obras sociales sindicales, mediante el pago de deudas, reformas
edilicias y cursos de capacitación del personal.



El crédito había sido otorgado en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía.


Stornelli

La causa quedó delegada en la fiscalía de Stornelli, que tras
analizar los resultados de un exhaustivo peritaje, en diciembre de
2006, pidió que se citara a declarar a 350 imputados, entre
sindicalistas, funcionarios y empresarios.


De acuerdo con la acusación de la fiscalía, una buena parte del
crédito del BM había sido desviada, por medio de la contratación de
empresas fantasma que, se sospecha, estaban dirigidas por amigos o
familiares de los sindicalistas, que contaban con la complicidad de los
funcionarios estatales encargados de controlar el destino de los
fondos. Tomada, entonces abogado de la CGT, era dueño de una de las
firmas bajo sospecha.


En el fallo de la Casación, los jueces Angela Ledesma, Guillermo
Tragant y Eduardo Riggi sostuvieron que el delito sobre el que debían
resolver los planteos para el cierre de la causa era el de
defraudación, que tiene un plazo máximo de prescripción de seis años.


Con pequeñas diferencias, los tres magistrados coincidieron en que
el plazo debía comenzar a contarse desde marzo de 2000 y que la causa
había prescripto en marzo de 2006, dado que no había habido ningún acto
previo que interrumpiera la prescripción.



El 19 del mes pasado, los jueces rechazaron la apelación de la fiscalía y el fallo quedó firme.



Claves


Préstamo. En 1996, el banco Mundial otorgó un préstamo de US$ 285 millones para sanear las obras sociales sindicales.


Irregularidades. Según denunció ante la Justicia el abogado
Ricardo Monner Sans, los gremios desviaron los fondos del préstamo, por
medio de la contratación de empresas fantasma o amigas.


Investigación. Por pedido del entonces fiscal Carlos
Stornelli, en diciembre de 2006 el juez Norberto Oyarbide citó a
declarar a varios de los más importantes sindicalistas del país.


Implicados. Entre los acusados estaban los sindicalistas
Juan José Zanola, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Gerónimo
Venegas y Gerardo Martínez. También Carlos Tomada, actual ministro de
Trabajo.


Prescripción. La Cámara de Casación declaró la prescripción
en favor de nueve imputados. El juzgado aplicará el mismo criterio para
resolver la situación del resto de los acusados.