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El ingreso universal vuelve al debate sobre políticas sociales  LaCapital.com.ar

La demanda de mano de obra calificada en plena reactivación le permitió volver a gozar del status de trabajador que había perdido en los 90 en una empresa metalmecánica. Aunque formaba parte de casi la mitad de los argentinos que reportan en la categoría de informales, con un salario que superaba los 2.000 pesos y se engordaba con horas extras, podía alimentar a su familia, vestir a sus hijos y contadas veces darse algún gusto extra. Tras la primera oleada de suspensiones y recortes salariales —que hizo foco en el personal contratado— los días de este santafesino se ensombrecieron. Su ingreso se redujo a la mitad y junto con las expectativas se evaporaron las posibilidades de poder seguir llevando una vida digna. Hoy forma parte de aquellos deben recurrir al Estado para poder sobrevivir, una tendencia que en Santa Fe crece a un ritmo el 20 por ciento interanual desde los últimos siete meses, según las cifras oficiales.
Hace pocos días, el gobierno provincial confirmó que tiene en estudio la unificación de los distintos programas de asistencia social en un programa que asegure un ingreso universal a los sectores sociales más vulnerables. Aunque por ahora en proyecto, es una muestra del cambio de escenario, no sólo a nivel regional sino en la Argentina en el último año, y quizás exprese los efectos más rápidos y menos esperados de la crisis doméstica e internacional sobre la trama social.
El proceso se volvió vertiginoso en los últimos meses y lo que arrancó con acciones que actuaron como dique de contención del empleo —como aquellas que impulsaron los procedimientos administrativos como paso previo a los despidos— terminó mutando en la necesidad de buscar herramientas de inclusión social para los sectores que corren el riesgo de quedar fuera del sistema, porque son desocupados o están bajo la línea de la pobreza por el deterioro de sus ingresos.
Al mismo tiempo, esto desempolva un reclamo histórico de sectores políticos y sociales, fundamentalmente del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), que propician la fijación de un ingreso ciudadano como piso de inclusión para todos los argentinos y que permita, por añadidura, fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores a la hora de discutir convenios.
Empleo e ingresos
"Hoy está roto el mecanismo que garantizaba ingresos y derechos al mismo tiempo", explicó el economista y diputado nacional Claudio Lozano. "En el país el acceso al empleo significaba también acceso a un ingreso razonable y a las coberturas sanitarias y previsionales, por lo tanto, la inserción laboral resolvía varias cosas al mismo tiempo. Hoy no pasa esto porque tener trabajo no significa ingresos razonables ni tampoco coberturas de ese tipo", dijo.
 Los datos oficiales revelan que en la Argentina unas ocho millones de personas reciben asistencia estatal a través de los planes que concentra tanto el Ministerio de Desarrollo Social (Plan Familias, Plan de Seguridad Alimentaria y Plan de desarrollo local y economía social "Manos a la obra"), como el Ministerio de Trabajo (Programa Jefes de Hogar, Seguro de Capacitación y Empleo) y los que ejecutan provincias y municipios.
El año pasado, en la dependencia que conduce Alicia Kirchner el gasto ejecutado alcanzó los 3.800 millones de pesos y otros 4.565 millones de pesos en pensiones no contributivas y asistenciales, mientras que la que conduce Carlos Tomada gastó en planes 2.517 millones de pesos.
Rosario recibe unos 6 millones de pesos mensuales de la provincia como transferencia para atender los programas sociales. A este número se le suman además los fondos que aporta el gobierno municipal y la Nación. "La ciudad llegó a tener 70 mil beneficiarios del plan Jefes de Hogar (que administra Trabajo) hora hay menos de 10 mil, debido a que muchos se transfirieron al plan Familias (de Desarrollo Social) o al seguro de capacitación de empleo", precisó el secretario de Promoción Social de la Municipalidad, Fernando Asegurado.
Este retroceso fue parte de una política de Estado tendiente a eliminar los subsidios en reemplazo de empleo genuino. Pero crisis mediante, el contexto social comenzó a ejercer un grado de presión expresa la necesidad de modificar esta decisión.
Para Lozano "en un cuadro recesivo como el que estamos transitando el gobierno no tiene ninguna política social" porque a su juicio, "Kirchner adoptó siempre como política social el empleo, incluso el empleo basura, y eso le permitió contener el conflicto social".
Pero ante un cambio de escenario, donde garantizar el empleo es una tarea que le está costando consensuar al gobierno con el sector empresarial y los sindicatos —más allá de la catarata de promesas de subsidios— las herramientas se agotan.
"Este gobierno (donde se incluyen el de Néstor Kirchner y Cristina) nunca quiso una política de ingreso universal porque esto supone inversión de recursos que obliga a dejar de privilegiar el sistema de distribución actual", denunció Lozano e hizo referencia no sólo al subsidio a distintos sectores empresarios, sino además la revisión de la asignación "superflua o corrupta" del gasto público y retomar el control de los recursos provenientes de la explotación de los recurso naturales como el petróleo o la minería.
Los últimos datos que figuran en la página del Ministerio de Trabajo datan de octubre de 2005 y precisan que Santa Fe tenía entonces 136.321beneficiarios de programa de empleo de esa dependencia, 761 menos que en septiembre de ese año. Esta reducción se profundizó a lo largo de los últimos años y según los últimos datos los planes jefes en Rosario entre mayo y noviembre de 2008 bajaron de 17.778 a 9.763 respectivamente y a febrero de este año apenas se computaban 7.700 beneficiarios.
"Si unificáramos las transferencias de los tres niveles del Estado en un programa de ingreso básico universal estaríamos asegurando por lo menos una suma mínima interesante a los sectores de más bajos ingresos", reconoció el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Pablo Farías.
La afirmación surge de un sinceramiento de la nueva realidad económico social de la provincia de la que no es ajena el país pero sobre la cual hay muy poco debate desde el gobierno nacional.
Fondos para la pobreza
Según datos de la Escuela de Economía de la Universidad Católica (UCA) en su último informe de economía real, el presupuesto nacional 2009 planea asignar 9.200 millones de pesos a los programas que lleva adelante Desarrollo Social y planea gasta 1.800 millones para el Plan Jefes, que suman a nivel nacional unos 11.000 millones de pesos. Una suma similar sería —explican— la que asignarían municipios y comunas en todo el país. Con lo cual, "el total de recursos asistenciales que se invertirían este año en el país sumarían unos 22.000 millones de pesos".
La previsión del gasto en subsidios nacionales es, en líneas generales, similar al presupuesto ejecutado en el ejercicio anterior, lo que demuestra de algún modo que la coyuntura obligó a evitar recortes en esas áreas. Si bien esto puede explicarse en buena parte por la característica que imprime un año electoral y el papel que juegan los planes en una política clientelista, también expresa la necesidad de contener el conflicto social ante una demanda creciente de asistencia social por el deterioro de los ingresos y el nivel de empleo.
Aunque desde los despachos oficiales aún son reticentes a reconocer un incremento del nivel de desempleo y en rigor a la verdad aún no hay números oficiales que den cuenta de la evolución de este índice, los estudios privados ven un panorama sombrío para este año sobre un tema tan sensible para los argentinos como es el que mide la desocupación. Por caso, el Indice Laboral de América Latina (Ilam) que elabora la consultora Adecco y la Universidad Torcuato Di Tella, difundido a principios de abril es contundente: "El pronóstico para el mercado laboral para el 2009 no es alentador", señala y agrega que en materia de desempleo "se proyecta para el cuarto trimestre de este año una disminución interanual en el número de ocupados de 0,82%, lo que implica que 854.000 personas perderían su puesto de trabajo".
Si a esto se le agregan las estimaciones de las nuevas personas que se incorporan al mercado laboral, se obtiene un incremento del número de desocupados de 946.200 personas.
Aunque el rumbo de la economía —elecciones mediante— pueda torcerse para bien en la Argentina y los pronósticos privados terminen siendo sólo un discurso agorero, la situación no se modificaría sustancialmente en el terreno social.
En los hechos, el crecimiento de los pedidos de asistencia al Estado no está dado sustancialmente por la pérdida del empleo, sino en buena medida por el deterioro en el nivel de ingreso que llevó en los últimos años a que muchos argentinos cayeran en la pobreza.
La semana pasada, el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, pidió que se duplique el subsidio para los desocupados, que hoy tiene un techo de 400 pesos y sólo se actualizó una vez en los últimos 17 años.
Las primeras señales aparecieron en sectores muy sensibles a la variación en la demanda de mano de obra como la construcción, en el cual este año y con el cambio de tendencia, se perdieron unos 37 mil puestos formales de trabajo en todo el país, según los propios datos empresarios. Fueron justamente de estos sectores donde provinieron las primeras y mayores demandas de asistencia estatal para cubrir ingresos, según explican funcionarios provinciales y locales.
Estadísticas antagónicas
Pero además, esta realidad permite confirmar que las dudas sobre la veracidad de los números del Indec sobre del índice de precios al consumidor (IPC), no son maniqueas. Y en eso coinciden analistas de las más variadas vertientes.
El informe que elabora el Institutos de Estudios y Formación de la CTA que conduce Lozano reveló en marzo pasado que "la evolución de la pobreza y la indigencia de la primera mitad de 2008 resulta por demás desalentadora" y explica que en ese período "se sumaron cerca de 1,2 millones de pobres y más de 700 mil indigentes".
   Aseguran que al mes de julio de 2008 la tasa de pobreza llegó a sr del 29,8% y la de indigencia el 12,2%, lo que significa que cerca de 12 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en el país, de las cuales 5 millones pasan hambre.
   Para los analistas de la CTA el cuadro social empeora si se observan los datos que surgen de realizar ajustes y actualizaciones a la metodología de medición: "la tasa de pobreza llega al 37,5% y la de indigencia al 15,7%, involucrando una población cercana al 14,8 millones de personas".
   En sintonía, la Escuela de Economía de la UCA explica que "en el mejor de los casos la pobreza a finales de 2008 podría ser igual a la de 2006 (27%), aunque las posibilidades de que se ubique entre el 30 y 33% son muy elevadas".
   Los números difieren del diagnóstico oficial. Esta semana el Indec difundió que la pobreza subió 1,46% en marzo frente a igual mes de 2008 y que cayó 2,6% la indigencia.
   Aunque el diagnóstico no es alentador, los analistas de la UCA consideran que el nivel de gasto en asistencia social permitiría, en el peor de los casos y tomando los índices de pobreza más altos, que los hogares pobres tengan ingresos que les permitan estar por encima de la línea de la pobreza y concluye —en base a los datos de la realidad— que esto no ocurre porque "aunque hay recursos para eliminar la pobreza, el problema es la baja calidad de gestión de las políticas públicas que priorizan determinados fines (subsidios distorsivos, principalmente) en desmetro de objetivos sociales y estratégicos mucho más trascendentes y urgentes como el combate a la pobreza".
   Toda una definición en tiempos donde parece que la frazada es corta, cuando en rigor alcanza para muchos y algunos se están abrigando demás.